El TOF 2 fijó el plazo y advirtió ejecución sobre bienes.
El miércoles 13 de agosto vence el plazo ordenado por el Tribunal Oral Federal 2 para que los condenados en la causa Vialidad depositen $684.000 millones en concepto de reparación. Hasta ahora, la cuenta judicial abierta en el Banco Nación no registró movimientos. Si al cierre del plazo la situación no cambia, el tribunal —integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— avanzará con la ejecución de bienes embargados hasta cubrir el monto.
Según dispusieron los jueces, la medida es la consecuencia del proceso de determinación del daño al erario público y se aplicará bajo apercibimiento expreso de ejecución. Como el resarcimiento es solidario, no se divide en partes iguales: los condenados deberán acordar entre ellos cómo se integra la suma, o la Justicia procederá sobre los activos ya identificados.
Ese esquema abre un frente operativo sobre el patrimonio de los involucrados. En el caso de Cristina Kirchner, la ejecución luce más compleja: en 2016 cedió su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia, y hoy declara como ingreso su jubilación. A su vez, pesan otras medidas en expedientes vinculados —como Hotesur-Los Sauces— donde continúan embargos millonarios sobre bienes y cuentas.
Entre los activos bajo la lupa aparecen cuatro cajas de ahorro (tres en pesos y una en dólares), una cuenta comitente y una caja de seguridad en Banco Galicia; también una caja de ahorro en Banco Nación y cuatro plazos fijos en Banco Santa Cruz. Además, figuran cuentas en la Caja de Valores: una en condominio con sus hijos y otra en condominio con Néstor Carlos Kirchner y Rudy Ulloa, junto con dos cuentas en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional.
Otra vía, más discutida y compleja, sería revisar la herencia anticipada que transfirió bienes a sus hijos, para determinar si tuvo la finalidad de eludir eventuales decomisos. Esa hipótesis exigiría un análisis específico y pruebas que acrediten vicios en la operación.
En paralelo, la expresidenta litiga en el fuero de la Seguridad Social para restituir su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia. Su defensa sostiene que la baja de esas asignaciones vulnera derechos adquiridos y afecta su subsistencia. Aun así, por su carácter alimentario, cualquier embargo sobre esa prestación sería acotado y resultaría marginal frente al monto que se busca recuperar como reparación.
Con el vencimiento encima, el foco está puesto en dos tableros: si habrá depósitos efectivos que reduzcan el impacto de la ejecución y, en su defecto, cuán rápido podrá avanzar el TOF 2 sobre los bienes ya embargados. La próxima foto del expediente dependerá de lo que ocurra en la cuenta judicial del Banco Nación y del margen que encuentren los condenados para acordar aportes solidarios.
