Inspectores del Ministerio de Ambiente revisan el sitio del derrame en Fray Bentos.
El Ministerio de Ambiente de Uruguay aplicó dos sanciones económicas a la empresa UPM, por un derrame de ácido sulfúrico ocurrido en marzo en su planta de celulosa ubicada en Fray Bentos. El incidente motivó una de las multas más elevadas impuestas por esa cartera en los últimos años, totalizando cerca de 200 mil dólares.
El derrame se produjo durante una maniobra de descarga de ácido sulfúrico desde un buque hasta el muelle de la planta. Según informó la propia empresa en un comunicado, la pérdida se generó por una falla en la manguera utilizada para la operación. UPM señaló que la situación fue rápidamente contenida por su brigada interna, de acuerdo con los protocolos establecidos.
No obstante, las autoridades del Ministerio de Ambiente realizaron una inspección en el lugar al día siguiente del hecho. A partir de esa visita, se resolvió sancionar a UPM S.A. y UPM Fray Bentos S.A. con una multa total equivalente a 5 mil unidades reajustables, lo que representa aproximadamente 9,2 millones de pesos uruguayos.
La mayor parte del monto —unos 182 mil dólares— fue aplicada por no cumplir con el Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGAO), especialmente en lo relativo al procedimiento de carga y descarga de productos químicos. Según detalla la resolución oficial, el ácido derramado logró filtrarse en la red de pluviales del muelle y desde allí se vertió a un curso de agua, sin que la infraestructura lograra contener el incidente.
La segunda sanción, de unos 46 mil dólares, se fundamentó en el impacto directo del ácido sobre el ecosistema acuático. Se estimó que se vertieron alrededor de seis mil litros de la sustancia química, considerada potencialmente dañina para el entorno natural receptor.
La cartera ambiental explicó que la contingencia fue registrada el 10 de marzo, durante la operación con el buque cisterna. El día 11, personal técnico del ministerio se presentó en la planta para constatar las condiciones del lugar, determinar las causas del derrame y evaluar la aplicación del plan de contingencia.
Los montos de estas sanciones contrastan fuertemente con las aplicadas en años anteriores. Entre 2020 y 2024, la mayoría de las multas ambientales impuestas por la cartera no superaron los 14 mil dólares.
En este marco, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, expresó la intención del gobierno de Yamandú Orsi de reforzar el control sobre estas actividades industriales, especialmente en zonas sensibles como Fray Bentos, que mantiene una historia cargada de tensiones vinculadas a la instalación de plantas de celulosa.
“Se trata de una situación puntual, acotada, que tuvo una respuesta rápida de la empresa, pero que se da en un contexto que nos preocupa, y así se lo transmitimos a las autoridades de UPM”, declaró el ministro durante una recorrida por la planta, realizada poco después del incidente.
La planta de UPM en Fray Bentos fue la primera en su tipo en instalarse en Uruguay, hace 17 años. Su puesta en marcha generó una crisis diplomática con Argentina durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, debido a preocupaciones ambientales compartidas en la cuenca del río Uruguay.
En 2023, la multinacional finlandesa inauguró una segunda planta de celulosa en Paso de los Toros, en el centro norte del país. En su primer año de funcionamiento, esa nueva instalación recibió siete sanciones por diferentes motivos, como superar límites de temperatura o exceder las cantidades permitidas de ciertos productos.
El gobierno uruguayo, por su parte, mantiene firme su compromiso con el monitoreo ambiental y el cumplimiento de las normativas. Las inspecciones continuarán en ambas plantas y se seguirán evaluando los informes técnicos presentados por la empresa.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre desarrollo industrial, empleo y la protección de los recursos naturales en zonas donde la población convive de cerca con este tipo de emprendimientos.
