La sentencia contra Uribe desató un torbellino político con repercusiones dentro y fuera de Colombia. crédito Kent Nishimura/Reuters
La sentencia del Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, que impuso 12 años de prisión domiciliaria al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal, no solo marcó un precedente en la historia judicial del país, sino que también provocó un fuerte sacudón político tanto en Colombia como en el exterior.
Además de la pena privativa de libertad, la jueza Sandra Heredia impuso una multa de 1.612,5 salarios mínimos mensuales e inhabilitó al exmandatario para ocupar cargos públicos durante más de ocho años. Frente a este fallo, la defensa de Uribe ya anticipó que apelará la decisión, abriendo una nueva etapa judicial que podría extenderse hasta 2027.
La noticia tuvo eco fuera de Colombia. Una de las primeras voces en pronunciarse fue la de la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar, quien defendió a Uribe a través de su cuenta en la red social X. Calificó la sentencia como una persecución impulsada por el actual presidente Gustavo Petro.
“A Álvaro Uribe no le perdonan haber derrotado a las Farc y haber devuelto la seguridad al pueblo colombiano. Gobernó con firmeza y amor por su patria. Por eso millones lo consideran el gran colombiano”, publicó Salazar.
En el mismo mensaje, arremetió contra el presidente Petro, a quien calificó de “marxista, ladrón y terrorista”. También acusó a la jueza Heredia de estar “al servicio de la extrema izquierda” y advirtió que “Uribe no está solo”.
Mientras tanto, en el plano interno, las reacciones políticas también fueron inmediatas. Desde el oficialismo, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, negó que se trate de una persecución: “Nadie lo denunció. Él mismo buscó una vendetta contra Iván Cepeda, y por el camino incurrió en los delitos por los que ahora fue condenado”.
Alberto Benavides Mora, también del Pacto, calificó el fallo como “histórico”, y sostuvo que marca una nueva etapa en la política colombiana: “Colombia entra en una nueva etapa, donde el miedo retrocede y la vida avanza. El poder también debe responder”.
Por su parte, la congresista Alexandra Vásquez destacó que “la justicia estuvo por encima de los poderes económicos y políticos” y remarcó que el fallo confirma la veracidad de las denuncias de Iván Cepeda, a quien calificó como víctima en el proceso.
Desde el sector uribista, en cambio, se multiplicaron las críticas. El expresidente Iván Duque aseguró que “no hay una sola prueba que justifique la condena” y que “se violaron tratados de derechos humanos”. A su vez, comunicó que 28 exmandatarios internacionales solicitaron observación externa por supuestas irregularidades en el proceso.
La precandidata presidencial Paloma Valencia sugirió que la condena busca “sacarlo de la contienda electoral” y denunció una operación para apartar a Uribe del escenario político. “Uribe ha demostrado absoluto respeto por la justicia”, dijo.
El representante José Jaime Uscátegui apuntó directamente contra Iván Cepeda y Eduardo Montealegre, a quienes acusó de liderar una “justicia vengativa” contra el expresidente.
En relación con la situación legal actual de Uribe, la jueza determinó que debe permanecer en detención domiciliaria y no podrá abandonar el país. El penalista Francisco Bernate precisó que, desde la tarde del fallo, Uribe ni siquiera puede salir de su casa. Además, estimó que el Tribunal fallaría la apelación en octubre, aunque el proceso podría continuar por años.
Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones diversas y mantiene en vilo tanto a la opinión pública como al sistema político colombiano, dejando claro que el impacto del fallo trasciende el ámbito judicial.
