El Gobierno argentino anunció una reducción parcial en las retenciones para seis complejos agroindustriales: carne, maíz, sorgo, girasol, soja y sus derivados. En carne y girasol, la baja fue del 25%. Para el resto, la rebaja alcanza el 20%. Desde el Ejecutivo aseguraron que los cambios no serán revertidos y que existe la intención de avanzar hacia una eliminación total de estos tributos “cuando haya espacio fiscal”.
Desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), la medida fue analizada como un alivio acotado. En su informe más reciente, el organismo remarcó que los derechos de exportación “son un muy mal impuesto porque desalientan la producción”. Para contextualizar, compararon la evolución agroindustrial de la Argentina con la de Brasil. A comienzos del siglo, ambos países producían volúmenes similares de granos. Hoy, Argentina genera menos de la mitad. Según IDESA, una de las claves es que Brasil no cobra impuestos a sus exportaciones agropecuarias, a diferencia del esquema argentino.
Sin embargo, la presión fiscal sobre el agro no se reduce únicamente a las retenciones. El análisis destacó que existen otros tributos que afectan la competitividad del sector. Algunos encarecen insumos, otros distorsionan precios o reducen márgenes de ganancia para los productores. La carga tributaria consolidada, considerando los niveles nacional, provincial y municipal, se ubica alrededor del 28% del Producto Bruto Interno (PBI).
El campo recibe una baja parcial de retenciones mientras persiste el debate por su impacto real.
En ese desglose, los derechos de exportación representan aproximadamente un 1% del PBI. A esto se suma el impuesto al cheque, que aporta otro 1,6%. Las provincias, por su parte, recaudan un 3,9% mediante Ingresos Brutos y un 0,4% por el impuesto a los Sellos. A nivel municipal, se estima que las tasas sobre ventas alcanzan el 0,5% del producto.
En total, los tributos más distorsivos representan el 7,4% del PBI. Desde IDESA afirmaron que más de uno de cada cuatro pesos recaudados por los distintos niveles del Estado proviene de impuestos que afectan negativamente la competitividad. Por eso, consideran que la reciente baja en retenciones es un alivio limitado para el agro, aunque representa un esfuerzo significativo para las cuentas públicas.
Según los cálculos del instituto, la medida equivale a un 0,2% del PBI. Esto representa dos tercios del superávit financiero actual. Para IDESA, resulta contradictorio que una política dirigida a un solo sector, con impacto acotado, tenga un costo tan elevado para el fisco.
Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz explicó que el costo fiscal depende del nivel de producción que se logre tras la medida. En la medida que aumente la base imponible por mayores exportaciones, el impacto podría neutralizarse. Si la producción crece un 20%, el costo fiscal sería prácticamente nulo, según estimó.
En este contexto, el verdadero costo estaría asociado a la liquidación de stocks que se realicen con las nuevas alícuotas más bajas, en lugar de las vigentes previamente. Este efecto, subrayó Argañaraz, tiene un peso importante, sobre todo teniendo en cuenta que, según datos de CREA, la superficie sembrada con soja se proyecta un 11,3% por debajo del ciclo anterior, con más de 2 millones de hectáreas que quedarían fuera del mapa agrícola 2025/26.
Aun así, Argañaraz advirtió que la baja en derechos de exportación podría aumentar el precio de los productos, reduciendo pérdidas o generando ganancias adicionales. Esto abriría la puerta a una suba en la recaudación de otros impuestos, como el de Ganancias o los tributos provinciales que se aplican sobre la facturación.
Por su parte, David Miazzo, economista especializado en agroindustria, estimó que la reducción temporal de retenciones vigente hasta junio implicó un costo fiscal cercano a los USD 1.000 millones. De mantenerse la rebaja de forma permanente, el impacto en lo que queda del año podría ubicarse entre USD 500 y 600 millones, sin contar eventuales aumentos en la producción o exportación.
La medida fue anunciada durante la Exposición Rural, en un contexto donde se busca fortalecer el vínculo con el sector agropecuario y mejorar su competitividad externa. Sin embargo, los analistas coinciden en que los efectos concretos dependerán no solo de la reducción de alícuotas, sino también de variables como el clima, los precios internacionales y la confianza de los productores.
