Milei oficializó los vetos a dos leyes clave mientras negocia alianzas políticas. (Foto: Presdidencia).
Javier Milei oficializó en las últimas horas los vetos a dos proyectos de ley aprobados por el Senado a comienzos de julio: el aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. La publicación en el Boletín Oficial se realizará este lunes, según confirmaron fuentes oficiales.
La decisión fue postergada adrede. En la Casa Rosada buscaban ganar tiempo y mantener abiertas las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, con la mira puesta en la Cámara de Diputados. El objetivo: asegurar que los rechazos a ambas leyes se sostengan en el recinto y no sean revertidos.
Para lograrlo, el oficialismo ofrece distintos mecanismos de acercamiento con los mandatarios provinciales. Entre ellos, el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la negociación de deudas provinciales y posibles alianzas electorales de cara a las elecciones del 26 de octubre.
En los últimos días, La Libertad Avanza anunció la incorporación de cinco diputados de extracción radical: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. La estrategia es ampliar el bloque y sumar respaldo en el Congreso, apuntando también a un entendimiento con legisladores del PRO y de espacios federales.
Del lado del Ejecutivo, los principales negociadores son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el titular de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En las últimas semanas, mantuvieron reuniones con más de siete gobernadores.
Entre los mandatarios provinciales que participaron de estos encuentros figuran Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Con algunos de ellos, como Frigerio y Cornejo, se exploran frentes comunes para las elecciones; con otros, se acordó competir por separado para intentar desplazar al peronismo local.
En cuanto al aspecto fiscal, el Gobierno dejó en claro que no acompañará modificaciones en la recaudación del impuesto a los combustibles, aunque estaría dispuesto a ceder solo el porcentaje que se destina al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El resto, lo consideran no negociable.
Los contactos con los gobernadores se están dando en clave “uno a uno”, con esquemas personalizados de negociación que incluyen revisión de deudas, desembolsos discrecionales y acuerdos políticos.
Por otro lado, en Balcarce 50 insisten en que la sesión del Senado en la que se sancionaron las leyes fue inválida. En caso de que el Congreso decida rechazar los vetos, el Gobierno ya anticipó que judicializará ambas iniciativas.
La estrategia legal está liderada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto a su equipo de abogados y con el acompañamiento del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
“No vamos a promulgar si no nos dan la razón. Vamos a ir hasta la última instancia y los fondos no se van a gastar”, insisten desde el entorno presidencial. La prioridad es clara: llegar a octubre sin comprometer partidas presupuestarias que alteren el plan económico del Gobierno.
La jugada es de alto riesgo político, especialmente por el impacto directo en dos sectores sensibles: jubilados y personas con discapacidad. Sin embargo, el Ejecutivo apuesta a que, con el apoyo parlamentario y una estrategia jurídica firme, podrá mantener su línea de acción sin grandes sobresaltos en la antesala electoral.
